Se considera refugiado a “una persona que,
debido a un miedo fundado de ser perseguido por razones de raza, religión,
nacionalidad, membresía de un grupo social o de opinión política en particular,
se encuentra fuera de su país de nacimiento y es incapaz, o, debido a tal
miedo, no está dispuesto a servirse de la protección de aquel país; o de quien,
por no tener nacionalidad y estar fuera del país de su antigua residencia
habitual como resultado de tales eventos, es incapaz, debido a tal miedo, de
estar dispuesto a volver a éste” (Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados; ONU, 1951)
Las personas que han solicitado asilo en países
de la Unión Europea y concretamente en España ha crecido notablemente desde
2011, principalmente por el conflicto ucraniano y sirio. Así, 1.287.100 de
personas pidieron por vez primera asilo en la Unión Europea entre enero de 2015
y enero de 2016 (Oficina Estadística de la Unión Europea, 2016).
No obstante, Europa no es el único lugar de
destino de los refugiados, así por ejemplo, son cientos los que han llegado en
los últimos años a Chile, un 50% de ellos procedentes de zonas en conflicto de
Colombia, pero también de Afganistán, Siria o Palestina.
Los solicitantes de asilo en Europa proceden
principalmente y en este orden de los siguientes países: Siria, Ucrania, Mali,
Argelia, Palestina, Nigeria, Pakistán, Somalia, Venezuela e Irak (Comisión
Española de Ayuda al Refugiado, 2014).
Al margen de cuál sea la resolución de la
solicitud de asilo; esto es, que sean reconocidos como personas refugiadas,
reciban protección internacional o protección subsidiaria, la realidad es que
estas personas se han expuesto a un proceso de migración que lleva implícito
una serie de fases en las que experimentan una sucesión de estresores y
situaciones que les pueden marcar en lo sucesivo (Zimmerman, Kiss y Hossain,
2011).